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Vamos juntos/as, vamos todos/as: Más participación para garantizar que nadie quede atrás

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El conocimiento sobre los instrumentos legales y políticos que garantizan los derechos y oportunidades de las y los jóvenes rurales no es suficiente para que estas logren ser protagonistas del desarrollo y transformación de sus medios de vida rural.

JUNIO 2020. La participación es considerada uno de los pilares del desarrollo rural. En América Latina y El Caribe aproximadamente 21 millones de personas jóvenes entre 15 y 24 años habitan territorios rurales, siendo Centroamérica la región con mayor peso poblacional juvenil. En Guatemala, Honduras y El Salvador aproximadamente el 40% de la población rural es considerada joven (CELAC, 2017), reflejando que su participación en el diseño y beneficios de las inversiones en desarrollo rural es determinante para alcanzar una transformación rural inclusiva.

Ahora bien, son múltiples las causas que afectan la participación y el acceso de las juventudes rurales a los incentivos y beneficios de los programas y proyectos de desarrollo rural. Desde los jóvenes se señala el limitado acceso en sus comunidades rurales a una oferta educativa alineada con sus proyectos de vida, que los empuja a una mayor movilidadrural-urbana. Si bien muchos jóvenes proyectan su inserción económica en sus territorios de origen, también manifiestan un profundo desarraigo sobre las actividades productivas agrarias tradicionales, que se combina con su mayor demanda por servicios, conectividad y acceso a bienes que se concentran en áreas urbanas. También, su limitado acceso en propiedad y tenencia sobre activos de producción (tierra, financiamiento, capital de trabajo, etc.), provoca que los beneficios principales de las inversiones en desarrollo rural estén quedando en manos de unos pocos privilegiados, siendo las mujeres jóvenes las principales desfavorecidas.

En relación con el marco político e institucional, seis de los ocho países de la región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) han ratificado convenios internacionales, aprobado leyes de juventud y políticas de juventudes en los últimos 20 años. También, algunos países han establecido normativas de planificación territorial que otorgan a los jóvenes un espacio específico de actuación (ver Guatemala | ver Costa Rica | ver Honduras) Sin embargo, las y los jóvenes rurales declaran un profundo desconocimiento sobre las normativas y reticencia a ser contribuyentes de los espacios de participación y, por otro lado, entre quienes muestran un mayor interés sobre la “política”, surge una fuerte crítica a la aplicabilidad de estas normas, especialmente en los territorios rurales.

Por su parte diversos movimientos juveniles rurales han reiterado la necesidad de ampliar el conocimiento de las juventudes rurales sobre las normativas, así como, la creación de condiciones para su participación efectiva y vinculante en las inversiones públicas en desarrollo. En Guatemala el Consejo Asesor de Juventud, la Delegación Departamental de Juventud, las Oficinas Municipales de Juventud y las Comisiones Departamentales y Municipales de Juventud deben ser integrados por representantes de organizaciones juveniles, sin embargo, todos muestran baja participación de las juventudes rurales. En Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana la situación no es diferente. Los marcos políticos y normativos que constituyen la garantía sobre los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las personas jóvenes son lejanos a los millones de jóvenes rurales en la región SICA.

Si bien diferentes instituciones públicas han impulsado con éxito la actuación de las personas jóvenes en la planeación de políticas públicas. Otras instituciones, principalmente ONG, han contribuido enormemente a ampliar el reconocimiento sobre los derechos económicos, culturales, sexuales y reproductivos de las juventudes. Mientras, diversas organizaciones y colectivos juveniles con apoyo de instituciones privadas, públicas y de cooperación internacional han impulsado iniciativas de atención a las juventudes en temas de violencia y otras áreas que parecen ser determinantes para las y los jóvenes. Aún las juventudes rurales se muestran marginadas o escasamente consideradas en el desarrollo del mundo rural. Una mayor y mejor participación en proyectos de desarrollo rural, tanto en el diseño de dichos programas como en lo referente a su acceso a oportunidades de empoderamiento económico, son imprescindible para su inclusión.

El Proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial en la región SICA (PROCASUR, SECAC, FIDA), está colaborando con instituciones públicas del sector agricultura y juventud en posicionar a las juventudes rurales como sujetos de cambio productivo y social en sus inversiones de desarrollo rural. Reconociendo que la participación de las personas jóvenes en los procesos de transformación rural no es espontánea, ni su éxito exclusivo de un único actor, abordar la heterogeneidad de la población rurales e incorporar acciones diferenciadas para una efectiva participación, en especial de mujeres jóvenes, está ayudando a mejorar la vinculación de las juventudes en las organizaciones rurales y con ellos, su contribución al desarrollo de sus comunidades.

Experiencias desde el terreno en la región están mostrando alentadores resultados. A través de la Red de Juventudes Rurales, más jóvenes se han involucrado en iniciativas de diálogo con autoridades locales y organizaciones de base.

La experiencia de Oscar Colindres, quien forma parte de la Oficina Municipal de la Juventud del Municipio de Tatumbla en el Departamento Francisco Morazán en Honduras, se caracteriza por haber tenido que abrirse campo entre conductas como el adultocentrismo e incluso el nepotismo para ocupar espacios de participación política y demostrar que la juventud, más bien añade frescura, innovación y energía a la manera habitual de hacer las cosas.

Reconoce que, aunque las personas jóvenes están deseosas de incidir en procesos de toma de decisiones, en la actualidad existe cierta desafección y distanciamiento con relación a la participación porque no cuentan con los recursos económicos que a veces se exige en la política partidaria; y en ocasiones, sus ideas y propuestas solamente son utilizadas para enriquecer los planes de gobierno de candidatos y candidatas, pero no se les permite una participación real ni efectiva al momento de impulsarlas.

Sobre el marco normativo existente, señala que la Ley de Juventud no hace una alusión clara a las juventudes rurales y que no ha sido difundida ampliamente entre las personas jóvenes. Por otro lado, llamó la atención sobre las prácticas de ejecución de los presupuestos municipales asignados a juventud, que, en muchos casos, son utilizados sin tomar en cuenta a la población joven de la localidad. Por eso entre sus aspiraciones futuras, además de continuar forjando un liderazgo positivo para su territorio, se encuentra llega a ser alcalde de su municipio

Tamar Mora, jóven costarricense, cuenta que su involucramiento en acciones de incidencia, vino como resultado de la motivación y el acceso a oportunidades de participación que le dio una persona adulta en su comunidad. Pese a reconocer el adultocentrismo como una de las barreras para incentivar la inclusión de las juventudes, señala que hay otros factores que cobran mucha fuerza en este proceso de habilitación de los espacios, los cuales residen específicamente en la falta de información sobre la existencia de las organizaciones de base en las que se pueden involucrar las personas jóvenes, pero también la burocracia de la institucionalidad y posteriormente el largo camino para obtener la credibilidad, y de alguna forma, alcanzar la legitimidad entre el resto de las personas que se representa.

En la actualidad Tamar forma parte del Comité del Consejo de Desarrollo Territorial de Osa del Instituto de Desarrollo Territorial (INDER) en Costa Rica, en el que funge como representante de las juventudes. Aunque antes no se había interesado completamente por ocupar los espacios de representatividad y participación local, su acercamiento a la Red de Juventudes Rurales y la conformación del Nodo Territorial, la impulsó a involucrarse con más fuerza, hasta llegar a tener esta oportunidad que le permite ser partícipe de los procesos de toma de decisiones y trabajar por el bien común de su comunidad. Subraya que los cambios más grandes deben gestarse desde este tipo de espacios locales y que, por lo tanto, las personas jóvenes deben apropiarse de ellos.

En cuanto a la efectividad de la normativa en materia de juventudes, apela a la necesidad de que la información sea descentralizada con el fin de que todos los sectores de las juventudes tengan acceso y cuenten con las mismas condiciones. Así ante la pregunta de cómo se visualiza en cinco años, afirma que aspira a que muchas personas jóvenes de su comunidad estén cada vez más empoderadas.

El recorrido de Patricia Guerrero por espacios de incidencia y participación, en la actualidad la ha llevado a ocupar un puesto dentro del Frente Nacional de Juventud de Guatemala, donde ha experimentado el valor del trabajo colectivo y asumido importantes desafíos junto a sus colegas, como ha sido el impulso a la iniciativa de la Ley de Juventud para su país, que lleva varios años de discusión sin ser aún consensuada y aprobada, así como el acompañamiento a las organizaciones de base para que las juventudes rurales sean visibilizadas en el contexto de renovación de la Política Nacional de Juventud, que debe ocurrir durante este año. Su interés por incidir en los procesos de toma de decisiones no solo la ha acercado a actores políticos de su país, sino incluso a ser postulada como candidata a diputada.

Patricia coincide en que se debe combatir barreras como el adultocentrismo para propiciar la incidencia de las personas jóvenes, pero que también se debe incentivar los espacios de diálogo y de participación ciudadana para que las juventudes sean reconocidas y valoradas como agentes tomadores de decisiones. Sin embargo, según ella, en Guatemala también las prácticas discriminatorias por pertenencia a pueblos originarios, su multilingüismo o la desigualdad entre hombres y mujeres, impiden que una buena parte de la población joven se involucre y ejerza alguna participación en espacios de toma de decisiones.

Entre sus aspiraciones a cinco años, Patricia visualiza más espacios públicos de participación con enfoque en las juventudes y el desarrollo integral y especialmente en la aldea San Luis, de la forma parte.

German Cartagena es un joven salvadoreño que vive en el Municipio de Tamanique del Departamento de La Libertad y forma parte de la cooperativa CONFRAS, en cuyo proceso de incorporación también fue testigo de los retos a los que se enfrentan las personas jóvenes, hijos e hijas de quienes se encuentran asociados. Esto por el temor a repartir la tierra y a ceder los espacios a las nuevas generaciones.

Cuando analiza otros de los desafíos a los que deben hacer frente las juventudes para ejercer una verdadera y efectiva incidencia, se encuentra con barreras como el nepotismo y el apego a los puestos de poder durante largo tiempo. También alude a que la política tradicional se ha encargado de que las personas jóvenes no participen y que quienes gobiernan, «en lugar de entregar la caña de pescar, solamente entregan el pescado», a fin de explicar que no se han facilitado las herramientas para impulsar el empoderamiento de las juventudes y promover su participación.

En cuanto a la normativa existente para la protección de los derechos de las personas jóvenes en El Salvador, German percibe que las juventudes rurales no se encuentran totalmente representadas y que, por ende, se deben conquistar más espacios de incidencia y participación, precedidos por oportunidades de formación política y liderazgo. Sus principales aspiraciones en los próximos años son ver transformada a su comunidad, que su gente salga adelante, e incluso ocupar una diputación para continuar incidiendo desde un espacio de toma de decisión nacional.

Webinar Participación e Incidencia Política: Barreras y Alternativas

A principios de Junio nos reunimos junto a Óscar, Tamar, Patricia y Germán para debatir y compartir experiencias relativas a las barreras y alternativas que tienen los y las jóvenes rurales en la actualidad para ser parte de espacios de toma decisiones e incidencia a nivel político-normativo. REVISA ACÁ EL VIDEO COMPLETO:

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República Dominicana

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Costa Rica

El Sistema Nacional de Juventud en Costa Rica, creado por la Ley General de la Persona Joven, se define como el conjunto de instituciones públicas y privadas, ONGs y entidades civiles cuyo objetivo sea propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes.

Se compone por:

  • Viceministerio de Juventud
  • Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven
  • Comités Cantonales de la Persona Joven
  • Red Nacional Consultiva de la Persona Joven

 

 

 

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Honduras

En el año 2007 se puso en marcha el proceso de construcción de la Política Nacional de Juventud, donde el Instituto Nacional de la Juventud coordinó  7 instancias de diálogo inter-generacionales con jóvenes a nivel nacional. Con los insumos recabados en los encuentros, se llevó a cabo un diálogo nacional de jóvenes con los diversos sectores de gobierno, para poder definir los contenidos definitivos de la Política Nacional de Juventud.

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El Salvador

En el año 2012 entró en vigencia la Ley General de la Juventud, la cual busca, entre sus diversos objetivos:

  • Garantizar los derechos fundamentales de la población joven, así como promover el cumplimiento de sus deberes en el
    marco del respeto a su especificidad
  • Favorecer la participación política, social, cultural y económica de la población joven en condiciones de equidad y solidaridad
  • Garantizar la existencia de una institucionalidad pública que elabore e implemente de forma participativa, políticas públicas dirigidas a la población joven para lograr su desarrollo integral.

 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) es una institución descentralizada de la Presidencia de la República, a la cual le corresponde formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Juventud y de las políticas sectoriales, permitiendo incorporar plenamente a los jóvenes en el desarrollo del país.

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Guatemala

Guatemala cuenta con una Política Nacional de Juventud 2012-2020, aprobada en 2012, mediante Acuerdo Gubernativo, y aún no cuenta con una Ley Nacional de Juventud, lo que le daría mayor estabilidad y fortaleza a las políticas públicas en la materia. Asimismo, cuenta con un organismo encargado de impulsar y velar por el cumplimiento e implementación de la política nacional de juventud, el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE).

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