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Soluciones enfocadas en la igualdad de género para la vuelta al campo post-COVID

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Foto: ©IFAD/Cristóbal Corral

La migración interna (migración dentro de un país) tiene importantes implicaciones demográficas, sociales, culturales y económicas para las comunidades y las personas. En circunstancias normales, la migración suele fluir de las zonas rurales a las urbanas, ya que la gente busca oportunidades de empleo en las ciudades. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una nueva ola de migración en la dirección opuesta: la gente está abandonando las ciudades para volver a las zonas rurales. En Perú, por ejemplo, a mediados de 2020 -apenas unos meses después del inicio de la pandemia- 167.000 personas habían abandonado la capital para regresar a las regiones rurales. En varios otros países centroamericanos se ha producido un retorno de trabajadores domésticos a sus comunidades rurales de origen, especialmente durante los primeros meses de 2020. Estos ejemplos reflejan con toda seguridad la realidad de muchos otros países latinoamericanos.

Muchos de estos emigrantes se vieron obligados a regresar a las zonas rurales al perder sus empleos y, por tanto, su capacidad para afrontar los mayores costes de la vida urbana. Aunque algunos volvieron después a las ciudades, otros han optado por quedarse en las zonas rurales con la esperanza de obtener ingresos.

Dado que la migración tiene efectos particularmente fuertes en el sector agrícola, es importante que el FIDA y otras organizaciones identifiquen soluciones a los desafíos que este nuevo fenómeno ha creado, y seguirá creando, para el desarrollo agrícola rural. Esto es especialmente crítico desde la perspectiva de la equidad de género.

La importancia de las mujeres rurales en la agricultura

Los esfuerzos de este tipo deben centrarse en los retos a los que se enfrentan las mujeres – especialmente las mujeres rurales – por varias razones: En primer lugar, la pandemia, y sus diversas consecuencias, han tenido un efecto desproporcionadamente mayor en las mujeres que en los hombres. En segundo lugar, las mujeres rurales son parte integral de la producción, el procesamiento y la comercialización de los alimentos y otros productos agrícolas cultivados por sus comunidades. Sin embargo, se enfrentan a muchas limitaciones a la hora de acceder a recursos y tecnologías productivas, así como a servicios financieros como los préstamos.

Circunstancias como éstas subrayan la necesidad urgente de programas de inclusión económica. No encauzar nuestros programas en esta dirección podría dar lugar a la continuación de múltiples y graves problemas sociales que afectan a estas mujeres y a sus familias. Por ejemplo, la falta de inclusión económica podría llevar a las mujeres rurales a depender de otros miembros del hogar. Esto, a su vez, agravaría la desigualdad de género, que suele tener otras consecuencias, como la violencia de género.

La inclusión económica y la protección social como respuestas eficaces

Por lo tanto, el FIDA y otras organizaciones deben centrar sus esfuerzos en promover simultáneamente la inclusión económica de las mujeres y garantizar su protección social. Son muchas las medidas que pueden adoptarse, entre ellas, hacer cumplir y aumentar la condicionalidad de los programas de asistencia agrícola (es decir, exigir que cumplan determinadas condiciones para poder recibir ayuda financiera); aumentar el apoyo a las inversiones en la expansión agrícola y en las pequeñas empresas agroalimentarias; y mejorar los mecanismos del mercado laboral mediante medidas tan sencillas como el establecimiento de oficinas de empleo en las zonas rurales. Acciones como éstas han sido recomendadas anteriormente por organizaciones como la OCDE. También están en consonancia con instrumentos como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Además, hay que analizar las posibles sinergias entre los programas de protección social y de inclusión económica y aplicarlos de forma que beneficien a las mujeres que regresan a las zonas rurales.

La investigación realizada a través de la subvención Sinergias Rurales (financiada por el FIDA y ejecutada por la Universidad de los Andes), por ejemplo, ha demostrado la importancia de estas sinergias para el desarrollo rural. En particular, estas sinergias se identificaron en múltiples momentos del proceso de ejecución: en el momento de conceder el crédito a las poblaciones rurales, durante la creación de capacidades y mientras se ofrecía la oportunidad de desarrollar habilidades blandas. Estas y otras conclusiones se han utilizado para fundamentar las decisiones políticas en siete países de África y la región de América Latina y el Caribe, así como por las instituciones financieras que buscan crear una coordinación eficaz entre los programas.

En el contexto latinoamericano, estas conclusiones se ven corroboradas por los resultados anteriores del Programa Proyectos Productivos (PPP) de Colombia, un programa en el que se ejecutan simultáneamente actividades de inclusión económica y de protección social. Las sinergias entre estas iniciativas produjeron efectos positivos en muchos ámbitos, como la seguridad alimentaria, el capital social, la percepción subjetiva de los hogares de su propio bienestar y, sobre todo, el empoderamiento de los hogares encabezados por mujeres. Los hogares participantes mostraron una mejora significativa en la equidad de género dentro del hogar, especialmente en la percepción del trabajo doméstico. Además, el acceso de hombres y mujeres a los servicios financieros formales aumentó en un 20%, reduciendo así el uso de préstamos informales en un 30%.

Otras investigaciones realizadas en Colombia, México y Perú también demuestran que ofrecer programas de inclusión económica y protección social de forma conjunta da resultados positivos, especialmente para los grupos vulnerables, incluidas las mujeres. Por lo tanto, el diseño de proyectos que trabajen con programas existentes de este tipo podría ayudarnos a llegar a más mujeres en circunstancias vulnerables, como las mujeres rurales migrantes.

Mirando al futuro: Adaptación al COVID-19 y a otras circunstancias

La integración de programas de protección social e inclusión económica es una poderosa herramienta para reducir las desigualdades de género y promover el empoderamiento y la inclusión económica de las mujeres. Al ampliar estos programas, en particular en el contexto de la región de América Latina y el Caribe, debemos prestar especial atención a las mujeres que han regresado a las zonas rurales a causa de la pandemia del COVID-19 y que, por lo tanto, se encuentran en situaciones vulnerables. Por lo tanto, las sinergias entre estos esfuerzos deben ser consideradas en el diseño de nuestros propios proyectos. También debemos asegurarnos de que incorporen las nuevas necesidades que han surgido a raíz de la pandemia, como la nueva dinámica migratoria.

El FIDA se ha comprometido a apoyar a todas las mujeres rurales, especialmente a las que se encuentran en medio de esta transición. Por lo tanto, en toda nuestra cartera del FIDA12, seguiremos promoviendo la resiliencia de las comunidades mediante herramientas como la inclusión financiera en las zonas rurales, la creación de conocimientos y la incorporación de la perspectiva de género. Seguiremos adaptándonos a las nuevas necesidades derivadas de la COVID-19 y de otros acontecimientos inesperados como parte de nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás.

FUENTE: FIDA

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Costa Rica

El Sistema Nacional de Juventud en Costa Rica, creado por la Ley General de la Persona Joven, se define como el conjunto de instituciones públicas y privadas, ONGs y entidades civiles cuyo objetivo sea propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes.

Se compone por:

  • Viceministerio de Juventud
  • Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven
  • Comités Cantonales de la Persona Joven
  • Red Nacional Consultiva de la Persona Joven

 

 

 

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Honduras

En el año 2007 se puso en marcha el proceso de construcción de la Política Nacional de Juventud, donde el Instituto Nacional de la Juventud coordinó  7 instancias de diálogo inter-generacionales con jóvenes a nivel nacional. Con los insumos recabados en los encuentros, se llevó a cabo un diálogo nacional de jóvenes con los diversos sectores de gobierno, para poder definir los contenidos definitivos de la Política Nacional de Juventud.

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El Salvador

En el año 2012 entró en vigencia la Ley General de la Juventud, la cual busca, entre sus diversos objetivos:

  • Garantizar los derechos fundamentales de la población joven, así como promover el cumplimiento de sus deberes en el
    marco del respeto a su especificidad
  • Favorecer la participación política, social, cultural y económica de la población joven en condiciones de equidad y solidaridad
  • Garantizar la existencia de una institucionalidad pública que elabore e implemente de forma participativa, políticas públicas dirigidas a la población joven para lograr su desarrollo integral.

 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) es una institución descentralizada de la Presidencia de la República, a la cual le corresponde formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Juventud y de las políticas sectoriales, permitiendo incorporar plenamente a los jóvenes en el desarrollo del país.

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Guatemala

Guatemala cuenta con una Política Nacional de Juventud 2012-2020, aprobada en 2012, mediante Acuerdo Gubernativo, y aún no cuenta con una Ley Nacional de Juventud, lo que le daría mayor estabilidad y fortaleza a las políticas públicas en la materia. Asimismo, cuenta con un organismo encargado de impulsar y velar por el cumplimiento e implementación de la política nacional de juventud, el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE).

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